Los presuntos delitos cometidos por los últimos consejos de administración de Metrovacesa y denunciados por un grupo de accionistas minoritarios han sido considerados como de extrema gravedad por el titular del juzgado número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, encargado de instruir la querella. El magistrado ha solicitado en un escrito que sea la Audiencia Nacional la que se ocupe de la causa al considerar que el caso afecta a la economía del país. El presunto daño al patrimonio de la compañía se aproxima a los 2.000 millones de euros.
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