En su último auto el magistrado requiere "por segunda (y última) vez" a la parte demandada para que remita "debidamente traducido al castellano el escrito presentado". Sostiene el juez que no es posible admitir los documentos en catalán porque esta lengua no está "reconocida como oficial por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana", como sí ocurre con el valenciano. Anuncia que cualquier nuevo incumplimiento será puesto "de inmediato en conocimiento de la fiscalía".
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