Es el resultado de una decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preside Carlos Lesmes y de los gobiernos autónomos de Madrid y Andalucía, ambos en manos del PP. Los demás funcionarios no serán analizados, dado que los gobiernos central y el resto de autonómicos han optado por seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad que no ha incluido a estos profesionales como esenciales a no ser que presenten sintomatología.
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