La conclusión, por tanto, es que la intervención de los policías —que derribaron la puerta con un ariete— está justificada al haber quedado acreditado que las personas que estaban en la fiesta estaban cometiendo un “delito flagrante” de desobediencia por su negativa a abrir la puerta e identificarse, tal y como los agentes les pidieron que hicieran hasta en 28 ocasiones, según la sentencia conocida este jueves después de que el jurado popular que enjuició los hechos diera a conocer su veredicto el pasado 29 de noviembre.
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