España está viviendo un momento crítico de ruptura de los principios de la moral y la ética pública en el funcionamiento de las instituciones y de los propios partidos políticos. Un ejemplo puede ser que órganos de control económico como el Tribunal de Cuentas estén constituidos por personas que han sido nombradas por el Congreso de los Diputados y el Senado y por los propios partidos que tienen que ser fiscalizados. Eso hace que sea un organismo de relativa eficacia, cuando no, de nula eficacia.
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