Propone que "actúen con la máxima transparencia" y estén "sometidas al control y fiscalización por parte de los autores, creadores y asociaciones culturales". A su juicio, es necesario conciliar el derecho de los autores con el de la ciudadanía a acceder a la cultura, sin perjuicio del desarrollo de la sociedad de la información. "Se ha demostrado que un canon indiscriminado, y además gestionado por entidades privadas orientadas a obtener el máximo beneficio y sin la necesaria transparencia, no ha sido la fórmula más adecuada.
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