Cientos de presos están siendo utilizados como mano de obra barata, tirada de precio, por varias empresas que han presentado expedientes de regulación de empleo y echado a la calle a decenas de trabajadores. La denuncia llega hoy al Congreso de los Diputados mediante una proposición no de ley de los diputados de IU José Luis Centella y Ricardo Sixto y obligará al PP a avalar o rechazar con su voto en la Comisión de Interior esas prácticas del ministro Jorge Fernández Díaz.
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