El dirigente de IU se basa en una denuncia pública lanzada por la asociación de guardias civiles Nueva Coproper (ANC), que asegura que los mandos de la Benemérita obligan a los agentes a "engrosar bases de datos ilegales de manera sistemática e indiscriminada", para lo cual se les amenaza con retirar sus complementos de productividad o incluso sancionarles si no alcanzan una media determinada de identificaciones.
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