Más de 30 investigadores y empleados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas lanzan una iniciativa legal para recuperar los ahorros de los grupos de investigación. “Además de la ya comentada vía judicial”, explican, se pretende divulgar tanto “los detalles de los peculiares procedimientos de gestión económica de este gobierno del CSIC y sus antecesores, como la patente falta de compromiso del Estado central con la investigación científica en España”.
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