El Ministerio del Interior quiere atajar la posible violencia que se pueda desatar en las protestas callejeras —que previsiblemente se multiplicarán por la dura situación económica que vive España y por los recortes presentes y futuros—, y para ello ha anunciado que está pactando con Justicia una serie de endurecimientos en el Código Penal relacionados con los delitos contra el orden público. A las reformas ya anunciadas se añadirá que las asociaciones, partidos políticos y sindicatos que convoquen manifestaciones respondan penalmente.
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