El Ministerio de Interior español justifica su decisión de retirar la indemnización a 46 víctimas del GAL y otros grupos como el Batallón Vasco Español alegando que cuentan con «informes» que prueban de forma «suficiente» su «pertenencia a ETA». Amaiur denuncia que son «invenciones» o «justificaciones no probadas judicialmente» y exige sentencias firmes.
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