La norma –olvidando el escenario excepcional creado por esta pandemia– establece que cuando las faltas a clase de un menor sin justificar superan el 20% del periodo lectivo, los centros tienen la obligación de intervenir e informar a las autoridades de esa ausencia. Ese abandono escolar propiciado por los progenitores puede acarrear para estos penas de cárcel. Pero con la actual crisis sanitaria todo será mucho más difícil para los jueces, en caso de que lleguen casos a esos despachos judiciales.
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