La noticia cayó ayer como un jarro de agua fría: la amnistía fiscal que decretó el Gobierno del PP en 2012 es anticonstitucional. ¿Qué significa esto? Que 31.500 contribuyentes tuvieron un trato de favor, permitiendo que en unos casos continuaran defraudando al amparo de un Gobierno podrido hasta el tuétano y, en otros, que además de eso también blanquearan dinero que pudo haberse ganado con actividades delictivas, desde tráfico de armas a explotación sexual.
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