Se estima que alrededor de 3.000 inmigrantes en su mayoría en situación irregular y principalmente latinoamericanos trabajarón en el lugar, aunque es imposible conocer la cifra exacta ya que, al tratarse de personas sin papeles, muchas de las empresas contratistas no guardaban registro. Sometidos a jornadas de 12 horas y con mascarillas de papel como única protección ahora sufren de diversas enfermedades. 21 años después de la tragedia, el Gobierno sigue sin legalizarlos. "Al principio nos trataron como héroes, ahora nos están dejando morir."
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