Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres tenían planeado, según los documentos incautados por la Policía en Luxemburgo, desviar cinco millones de euros. Este plan fue pensado entre el 2006 y el 2007 y consistía en desviar a Belice y Luxemburgo el importe de los contratos públicos. En este caso de los que se celebraron con la Generalitat Valenciana. Para entonces, el Instituto Nóos ya había cobrado cerca de tres millones de euros por unos eventos organizados en la comunidad.
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