La falta de controles periódicos de la solvencia de los avalistas del crédito de 400.000 euros facilitado en 2011 por Avalmadrid a una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso impidió iniciar a tiempo "una acción penal (...) recomendable" para aclarar si se había cometido "un posible delito de alzamiento de bienes".
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