Un promotor, que entregó 2,5 millones por un convenio urbanístico luego declarado ilegal, les acusa de gastarse el dinero en otros fines. Junto a estos tres munícipes totaneros, todos ellos del PP, tendrán que comparecer, igualmente en calidad de imputados, la secretaria municipal Laura Bastida Chacón y el interventor municipal José Antonio Andreo Moreno.
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