La nueva vuelta de tuerca a la tristemente conocida como Ley de Partidos, contempla que si un partido o cargo público no condena la violencia, será castigado con la expulsión de la institución en la que se encuentre (ayuntamiento, diputación, parlamento regional, Congreso de los Diputados), y la ilegalización de la organización política. Esta medida, hecha ad hoc para combatir a la izquierda abertzale, podría volverse en contra de sus hacedores. En efecto, el PSOE se niega a condenar el genocidio de Marruecos en El Aaiún y el PP..
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