España se adhirió al Tratado Antártico en 1982, lo que la obligó según los términos del mismo a “la realización en ella de investigaciones científicas importantes, como el establecimiento de una estación científica o el envío de una expedición científica”. Pero la primera expedición científica al continente austral no tuvo al gobierno de la nación como protagonista, sino a la organización privada y sin ánimo de lucro Asociación España en la Antártida, presidida por el empresario Guillermo Cryns (1923-2003).
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