Los grandes operadores de nuestro país (y de Europa en general) están en una encrucijada. Mientras exigen normas que protejan sus inversiones y piden a los gobiernos que actúen ante la fragmentación del mercado que no existen en otras partes del mundo, se ven obligados a seguir invirtiendo en infraestructuras vitales como la fibra óptica o el 5G. Todo esto ante una asfixiante presión de terceros operadores que les roban clientes a cientos en un mercado del bajo coste que siempre está al rojo vivo.
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