La causa de Girona es previa al referéndum independentista. Arrancó en julio de 2016 tras una querella de la CUP que denunciaba presuntas corruptelas en la concesión del contrato de abastecimiento de agua del municipio gerundense. La denuncia incidía en el supuesto trasvase sistemático de fondos de la parte pública a la privada, en la presunta generación de pagos falsos para inflar aún más los ingresos de los accionistas y en anomalías en los procedimientos que se siguieron para renovar la adjudicación de forma continuada.
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