El Gobierno remitió la semana pasada a Bruselas su Programa de Estabilidad como es preceptivo. En dicho informe, una de las informaciones más importantes que ocultó es la de los riesgos fiscales que tiene por delante el país a la hora de responder por su responsabilidad sobre los activos o sobre las decisiones judiciales. Y la cuantía a la que se arriesgan las maltrechas cuentas públicas españolas no es menor: 11.000 millones de euros entre 2019 y 2022. Como no hay ingresos suficientes para pagar estos costes, se irán directamente a incrementar
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