Las intervenciones telefónicas son fácilmente anulables. Las sentencias judiciales así lo demuestran. El principal motivo es la falta de regulación en la ley, que deja muchos flecos sin cubrir y con las espaldas descubiertas tanto a los jueces que las ordenan como a los policías que las ejecutan. La basa del problema radica en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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