El Ministerio de Cultura, favoreciendo intereses privados de los lobbies de presión de la industria cultural, ha forzado un acuerdo entre entidades de gestión y algunas operadoras de ADSL, la Redtel (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono) para impedir el libre intercambio de información y el acceso democrático a la cultura, actualmente al alcance de todos los usuarios de la red.
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