El teniente coronel Baena, quien también informa al Juzgado Nº13 de Barcelona y a la Audiencia Nacional, omite en los informes que envía al Supremo los certificados de Hacienda que figuran en esos sumarios y que demuestran que no se gastó dinero público en el referéndum. El juez Llarena se ha basado en los informes de Baena para dictar la euroorden de detención de políticos soberanistas catalanes, sin solicitar esa información a la Intervención General de la Generalitat.
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