El grupo antipiratería danés Antipiratgruppen ha decidido tirar la toalla y dejar de perseguir los intercambios de ficheros. Esta decisión es resultado de la incapacidad de dicha organización de recoger pruebas sólidas, lo que le ha llevado a perder numerosos juicios al respecto. De acuerdo con la jurisprudencia, la dirección IP solo puede ser usada para identificar a la persona que paga la subscripción a Internet y no a quien realiza la descarga, por lo que en numerosas ocasiones los tribunales han rechazado usar la IP como prueba.
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