El Gobierno británico está preparando un proyecto de ley sobre vehículos automatizados que puede suponer un grave problema para la industria. En el documento se recoge que, en caso de accidente, es el fabricante el que debe responder y no el usuario. Podría suponer un jarro de agua fría para las empresas. Su trabajo se complica y, en caso de accidente, podrían tener incluso más perjuicio que beneficio. Los fabricantes denuncian que pueden perderse millones de euros en inversiones o derivar sus proyectos a otros territorios más flexibles.
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