Ante el atasco en la tramitación de las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE y el que se intuye que se producirá cuando se abra el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital, el Gobierno ha decidido recurrir a Tragsa (empresa participada en un 51 % por el hólding público SEPI) con un contrato valorado en casi 140.000 euros para realizar tareas de apoyo para tramitar los expedientes de regulación temporal de empleo por el coronavirus, tal y como recogía este fin de semana el BOE
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