El Gobierno, tras consultar a los servicios jurídicos del Estado, se reafirma en no prorrogar los Presupuestos para 2012 y dejar que sea el Ejecutivo que salga de las urnas tras el 20-N quien decida sobre si mantener o retirar medidas tan impopulares como la rebaja en los sueldos de los funcionarios o la congelación de las pensiones.
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