“Normalidad democrática”. Así enmarca el Gobierno la decisión de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo de revocar el informe que eximía al expresident de la Generalitat catalana Carles Puigdemont del delito de terrorismo y ordenar redactar uno nuevo que sí contemple esa acusación. Pero el Ejecutivo también replica al Poder Judicial por boca de su ministra de Defensa y exjueza del Supremo que “lo importante es que el Poder Legislativo es el que dicta las leyes, y esas leyes obligan a todos, a los jueces y a los fiscales”.
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