La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy que se van a promover "las reformas legales necesarias para impedir que representantes de una formación política ilegalizada puedan gobernar los ayuntamientos". Fernández de la Vega anunció esa iniciativa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, después de que los representantes de ANV en el ayuntamiento guipuzcoano de Azpeitia, incluido el alcalde, se negaran a condenar el asesinato del empresario Ignacio Uria.
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