Tres borradores de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual establecen el abono por textos distribuidos a través de estos sistemas. La recaudadora única sería la asociación privada Cedro, la SGAE de los libros. La reforma convierte en "irrenunciable" el derecho del autor a cobrar y entrega a Cedro la gestión del libre acceso a textos científicos.
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