El Gobierno de Aragón, por sus prejuicios lingüístico-culturales, su sectarismo ideológico y su gobernanza acientífica, pretende eliminar “cualquier referencia o reconocimiento del aragonés y el catalán como lenguas propias”, incumpliendo el Estatuto de Aragón, la Constitución española y las resoluciones de obligado cumplimiento del Consejo de Europa
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