Esta especie de ‘policía fiscal’ tendrá amplias competencias, desde la elaboración de previsiones macroeconómicas que compitan con las de los servicios de estudio de los grandes bancos, hasta el seguimiento puntual de la ejecución presupuestaria en las tres administraciones, pasando por la elaboración de informes periódicos sobre los programas de estabilidad que el Ejecutivo remita a Bruselas.
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