El Gobierno ha aprobado la reforma de la ley del aborto, que retrotrae España 30 años atrás y supone un marco legal más restrictivo, incluso, que el de países tradicionalmente católicos como Italia o Polonia. El aborto pasa de ser un derecho a considerarse delito excepto en dos casos: la violación y el riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer. La norma es aún más restrictiva que la rigió en España entre 1985 y 2010, que añadía un supuesto más: el de la malformación del feto.
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