Para acelerar el trámite, eximió a la empresa de pasar por la declaración de impacto ambiental. El Supremo consideró que la planta no contaba con un instrumento de ordenación urbanístico que respaldara el emplazamiento elegido. El Gobierno alega que, tras el plan de 2012, ahora sí cuenta con ese plan. Por esa razón, con los informes de la autorización anterior, ha dado luz verde al proyecto en tiempo récord.
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