La UE concedió unas ayudas que, tras enterarse de que estos hoteles incumplian la normativa de protección y legalidad de la isla de Lanzarote, retiró inmediatamente. Fue el Gobierno español el que asumió esos gastos, para que los hoteles ilegales pudieran seguir funcionando, y así siguen, a pesar de que algunos cuentan con órdenes de derribo.
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