Los principales afectados serán los 150.000 trabajadores de las empresas públicas estatales, los interinos de las tres administraciones y todo aquel trabajador público, excepto los que hayan ganado su plaza mediante una oposición. Es decir, los funcionarios quedan a salvo del tijeretazo. En concreto, según fuentes oficiales consultadas por el elEconomista, el recorte en la plantilla de empleados públicos podría ascender a cerca de 300.000 personas
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