La ley pretende reducir las cargas administrativas que la inflación de medidas a nivel estatal, autonómica y local había generado, y permitirá, según el Gobierno, ahorrar a las empresas recursos que permitirán impulsar el PIB un 1,5% en los próximos diez años. Es decir, que podría generar 1.500 millones anuales, según las estimaciones del Ministerio de Economía.
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