El Ejecutivo de Susana Díaz empieza desde cero el proyecto de Ley integral de FP, que ya presentó hace tres años, y lo proyecta para 2020. La Junta aspiraba con esta norma a modernizar el sistema productivo andaluz, conectando la educación reglada y la ocupacional para atajar de una vez el paro y el fracaso escolar, los dos males endémicos de la economía andaluza.Se trataba de una ley con una doble finalidad: recortar la abultada tasa de paro y reducir la tasa de abandono escolar temprano.En estos casi tres años la tasa de paro se ha reducido
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