En la adjudicación de obra pública, las cosas no siempre salen como se quieren, pero la propia cadencia de licitaciones permite conseguir cada poco una segunda oportunidad. Sucedió en el contrato de los taludes, las barreras o la seguridad, como lo llamaban el funcionario Miguel Ángel Díez, detenido e investigado por las adjudicaciones hechas en base a sus informes a empresas constructoras como RUCECAN, LA ENCINA-CANNOR o API MOVILIDAD, también investigadas.
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