Los 100.000 empleados públicos del País Vasco no van a poder discrepar o criticar de forma pública las "posiciones políticas" mantenidas por la Administración de la que dependen. En la actualidad, la prohibición de emitir opiniones contrarias a las del Gobierno vasco, las tres diputaciones forales o los ayuntamientos afecta únicamente a los cargos públicos, en cumplimiento del Código Ético y de Conducta que rige su actuación, pero este impedimento va a afectar también a todo el personal.
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