El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha decidido aplicar la subida y los atrasos pendientes en las nóminas del personal laboral en la Administración General del Estado, después del anuncio de movilizaciones y los diferentes conflictos colectivos planteados por los sindicatos ante el incumplimiento en el IV Convenio Único. La medida afecta a unas 40.000 personas.
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