Es la consecuencia de los atentados del mes de enero en París, en los que murieron 17 personas. El Gobierno galo legaliza facilita el trabajo de los servicios secretos, sin autorización judicial, si se trata de la lucha antiterrorista. Simplemente bastará la "autorización administrativa". Eso únicamente en casos de interés público como la defensa nacional, la prevención del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.
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