La Fiscalía sospecha que el ministro de Economía, Luis de Guindos, podría haber impuesto la dimisión de Rodrigo Rato de su puesto de presidente de BFA-Bankia como condición para aprobar el nuevo Plan de Capitalización de la entidad, que conllevó una inyección de dinero público de más de 23.000 millones.
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