La Fiscalía ha presentado un recurso de casación para que se reconozca que una madre que dio a luz en un hospital público gallego en 2009 sufrió violencia obstétrica. La recurrente solicita una indemnización de 150.000 euros. Ella sostiene que "sin consentimiento informado" se le practicaron numerosas pruebas cuando acudió a dar a luz.
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