La entidad bancaria, que pedía seis meses de cárcel, retiró su demanda, pero el ministerio fiscal siguió adelante, aumentando la petición de pena a dos años, a pesar de no acreditar la violencia necesaria para pedir una pena tan alta. Abogados de los acusados califican la situación de “ofensiva contra el movimiento por la vivienda”
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