El ministerio público abre diligencias por prevaricación a los ediles conservadores y de ultraderecha de Calatayud por impedir en el pleno la revocación del acuerdo por el que el ayuntamiento otorgó la medalla de oro de la ciudad al dictador en 1951, cuya vigencia amenaza con hacer perder más de dos millones de euros anuales al ayuntamiento.
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