En un escrito, el Ministerio Fiscal dice que debería estimarse la demanda por vulneración de un derecho fundamental presentada contra la institución que lidera la conservadora Cristina Cifuentes por varios activistas que fueron sancionados en actos de protesta convocados por el 15-M al observar fallos en la instrucción policial. Considera, como defienden los demandantes, que la identificación que originó la sanción no fue ratificada por el agente que la realizó, sino por el jefe del operativo. Más de 1.000 activistas han sido sancionados.
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