La presión de la Fiscalía sobre las empresas proveedoras de servicios informáticos de la Generalitat está bloqueando el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI). Esta sociedad pública es la que contrata a los proveedores, que se están mostrando reticentes a colaborar en cualquier actividad que pueda suponer un delito, como por ejemplo la organización del referéndum, según explican fuentes del sector de telecomunicaciones en Cataluña.
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